Desigualdad, demérito e incapacidad.


A estas alturas de la película, que alguien reivindique los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad puede parecer de una candidez extrema. Lo admito con deportividad y sin el menor reparo. Estamos hartos de comprobar cómo el poder (económico y financiero y también el voluntariamente sometido poder político -si es que no son ya exactamente lo mismo-) se mofa de estos principios y nos ofrece ejemplos a diario de este escarnio. Pero que pueda resultar ingenuo no significa que no debamos, cada uno en nuestro ámbito, denunciarlo todas las veces que sea necesario.

Como profesor, tengo muy claro que mi responsabilidad no se limita a impartir los contenidos de mi asignatura. Esto no significa, que ya veo venir a alguno, que haya decidido convertirme y comulgar con determinadas ruedas de molino neopedagógicas. No, sigo pensando que la principal misión del docente es transmitir conocimientos. Pero estos conocimientos contienen en sí mismos unos valores fundamentales que querría inculcar a mis alumnos como haría con mis propios hijos: el gusto por aprender, el afán por superarse, la satisfacción de conseguir las cosas por uno mismo, la justicia a la hora de otorgar y recibir premio o sanción, la solidaridad con quien necesita ayuda y demuestra merecerla…Sería muy difícil intentar infundir estos valores sin creer en ellos. Y no nos lo están poniendo fácil. No hablo ya de la corrupción generalizada, sino de esa corrupción a menor escala y con mucha menos repercusión social: la que se produce dentro de (y amparada por) la administración, educativa en este caso. Porque cuando nos referimos a convocatorias públicas como pueda ser un concurso de traslados (el procedimiento mediante el cual los funcionarios que han ganado una oposición ejercen el derecho a la movilidad -o mejor dicho, hacen lo posible por evitar su completa conculcación-), debemos hablar, en efecto, de corrupción en el sentido de “alterar”, “trastocar”, “echar a perder”, “estragar” o “viciar” los fundamentos constitucionales relativos a la función pública.

Hablemos entonces de los concursos de traslados y de cómo entiende la administración educativa los conceptos antedichos: exactamente como he titulado el presente artículo: al contrario.

Primer ejemplo: la antigüedad en el centro se valora tanto a quienes permanecen en un mismo instituto de forma real como a quienes solo lo hacen en la teoría. Me refiero, en este segundo caso, a los docentes que se encuentran desempeñando un cargo en la administración educativa (jefatura de Unidad Técnica, Negociado, Sección, Dirección de Servicio o superior) o bien Función Inspectora. Todos ellos reciben la puntuación correspondiente a la “permanencia” en una plaza que no están ocupando y, de forma complementaria, la puntuación que se otorga por el desempeño de los cargos mencionados, dándoseles, por lo tanto, un trato de favor inadmisible respecto al profesor que se encuentra ejerciendo la enseñanza. Punto aparte es la perpetuación de muchos profesores en estos cargos administrativos a través de comisiones de servicio per saecula saeculorum sin que las plazas que tienen asignadas (pero, insisto, no ocupan) sean liberadas para que otros compañeros puedan optar a ellas, pudiendo, por si esto no fuera poco, mejorar su situación en cada concurso de traslados y en condiciones ventajosas.

Segundo ejemplo: Es inconcebible que se limite a diez puntos la puntuación máxima establecida por méritos académicos y se valora con veinte (el doble) el desempeño de cargos en la administración educativa. Estamos hablando de profesores, no de cargos administrativos. Si lo que se tiene intención de valorar es la gestión, convóquese un concurso de traslados para cargos administrativos, con plazas de gestión, asesoría o jefaturas de unidad, negociado, sección o lo que sea, y que todos aquellos que quieran ejercer ese tipo de funciones concurran en función de sus méritos a las mejores plazas. En un concurso de traslados de docentes, los méritos que deben ser tenidos en cuenta (o, al menos, los que más deberían apreciarse) son los que redunden en una mejora de la labor docente. La sobrevaloración del desempeño de cargos administrativos se constata también al comparar los puntos que se conceden por ser jefe de departamento (uno por curso y un máximo de cinco) y los que se conceden a docentes que se encuentran incardinados en el “engranaje” del Departamento de Educación (un punto y medio y un máximo de ¡quince puntos!). Según este baremo, un profesor que hubiera permanecido diez años sin impartir clase mientras ocupaba un cargo en el Departamento, alcanzaría la puntuación máxima sin necesidad de acreditar ni un sólo mérito académico o docente.

Tercer ejemplo: Resulta paradójico que quienes tanto hablan de la necesidad de la formación permanente y de la falta de capacidad pedagógica del profesorado (uno de los mantras de la neopedagogía) impidan que un profesor que ya disponga de diez puntos en el apartado “Formación y perfeccionamiento”, pueda continuar aumentando su puntuación, mientras el “desempeño de cargos directivos y otras funciones” vuelve a ser, otra vez, desproporcionadamente superior (de nuevo el doble: veinte puntos). Esto, que podría ser razonable en un concurso de traslados para cargos directivos, vuelve a ser absurdo en un concurso de traslados de docentes.
 
Cuarto ejemplo: Volvamos a comparar el valor que se concede a los servicios prestados dentro de las administraciones educativas con otros méritos que, a juicio de quien escribe, merecerían mejor consideración. Así, confrontemos los quince puntos por servicios prestados en jefaturas, asesorías o Inspección con los “hasta ocho puntos” que se permite obtener por publicaciones de carácter científico o didáctico, con los “hasta dos puntos y medio” que se pueden conceder por premios de ámbito autonómico, nacional o internacional; o con los “hasta dos puntos y medio” por premios en exposiciones, concursos o certámenes de ámbito autonómico, nacional o internacional, composiciones o coreografías estrenadas como autor o grabaciones con deposito legal, conciertos como director, solista, bailarín, solista en la orquesta o en agrupaciones camelísticas, exposiciones individuales o colectivas…

Seamos claros: un baremo atento a los principios constitucionales suprimiría  la limitación de puntos en el apartado “Publicaciones” y limitaría la puntuación por desempeño de cargos en la administración, incrementaría las puntuaciones otorgadas a las diferentes situaciones recogidas en los apartados “Libros” y “Revistas”, eliminaría el tope en capítulos como “Premios” o “Méritos artísticos y literarios” y ejercería un control efectivo de la calidad de las publicaciones y los méritos aportados, cuyos criterios de ponderación habría debido hacer públicos en todos sus apartados y deberían ser idénticos para todas las comisiones de valoración. Un baremo sensato no exigiría disparates como la presentación de un certificado de la “editorial en el que conste el número de ejemplares, los lugares de distribución y venta, o asociación científica o didáctica, legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y fecha de edición” junto con “los ejemplares originales correspondientes” (por puro sentido común, la primera justificación debería bastar).

Uno tiene la sensación de que, en lugar de velar por el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad (no hablo ya del de transparencia), la administración parece querer mandar un mensaje peligroso al profesor que desea mejorar y ocupar una plaza  acorde a sus preferencias: busque usted la manera más cómoda de hacer puntos. No importa si esos puntos le aportan algo profesionalmente, si enriquecerán su labor docente o si le convertirán en un profesional más preparado. Lo importante es encontrar el camino más rápido para conseguir su objetivo. Eso sí, luego se nos llena la boca de educación en valores, esfuerzo y solidaridad. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo.

Comentarios

  1. La educación es el paraíso del burócrata, Alberto. Desde la implantación de la LOGSE, más aún, porque esta ley tan deficiente ha tenido que defenderse desde el principio a base de esbirros, tales como los orientadores, unos señores cuya necesidad pedagógica es nula, que dan pocas clases y no saben darlas: su misión era otra: velar por el cumplimiento del dogma, y el sistema burocrático los premia con puestos chollo. Luego, si te das cuenta, todas esas ventajas para directivos, fugados a la administración o la política, inspectores y demás redundan en lo mismo: estas personas se integran en el engranaje burocrático y el sistema se lo paga blindándolos y concediéndoles privilegios: es una manera de ganar adeptos y fortalecerse, de decir: si va usted a ponerse a mi servicio, no tenga miedo, que con el culo al aire no se va a quedar, más bien al contrario. Lo que denuncias, pues, es coherente con el sistema podrido que padecemos, más preocupado de su perpetuación y de servir a unos determinados intereses económicos y políticos que de enseñar. Ítem más: muchos de los que huyen a destinos burocráticos lo hacen por su incompetencia pedagógica y, a menudo, cuando vuelven a un puesto de profesores, entre eso y la nostalgia por sus paraísos perdidos, aterrizan como unos profesores desastrosos, peores aún de lo que se habían ido, unos auténticos incapaces. Por suerte para los chicos, como suelen ser avezadas ratas de conspiración y cambalache, no tardan en desaparecer de los centros. Creo que no te sirve de mucho esto que digo y seguro que ya lo sabías, pero es la realidad. Mientras cosas como las comisiones de servicio o la inspección sigan siendo prebendas, poco hay que hacer, o sea, que esto tiene solo una vía de arreglo: el sistema Gamonal.

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    1. Sí sirve, sí, uno se siente menos solo cuando sabe que lo que su denuncia es compartido por otros compañeros. La red clientelar que se ha establecido es muy difícil de desmantelar, desde luego, por lo que dices: el sistema se va fortaleciendo cada vez más y cada vez es más complicado intentar resquebrajarlo. Por estas tierras, se nos dijo que se iba a “revisar” (habría sido mejor “modificar”) el sistema de asignación de comisiones de servicio. No parece que tengan prisa porque no ha habido nuevas noticias. Supongo que soy muy ingenuo si me ilusiono con poder cambiar algo, pero qué le vamos a hacer, habrá que pensar que es posible…

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  2. Felicidades por el artículo, Alberto.
    Si me lo permites, procedo a un par de puntualizaciones. En primer lugar, estos mismos problemas que tú afirmas tienen lugar en los Concursos de Traslados (a partir de aquí CCTT) son comunes a todas las Comunidades, lo cual no deja de mostrar que los botarates están por todas partes. En segundo lugar, toda esta retahíla de injusticias que se dan en cada convocatoria del CCTT es consecuencia de la cicatería económica de las administraciones, ya que todas esas labores que puntúan en el CCTT deberían estar, simplemente, remuneradas. Pero como el dinero lo quieren para llenar otros bolsillos, nos engañan con los abalorios de los puntos en el concurso. Por último, este problema se soluciona muy fácilmente del siguiente modo: que para establecer la puntuación más justa posible en un CCTT se tomen en consideración únicamente los años como funcionario de carrera y la antigüedad acumulada en el puesto de trabajo (con la premisa antes planteada de que todo lo demás, formación y desempeño en otros puestos y/o ámbitos, se remunere). De ese modo se acabarían los problemas.
    Sólo una discrepancia: lo de seguir acumulando puntos aún cuando uno no se halla en su puesto. Aquí hay demasiada casuística como para generalizar: ¿qué pasa con quienes (como nosotros) desempeñan tareas sindicales? ¿Y con quienes se marchan uno o dos años a puestos docentes en el extranjero? Eso sólo por poner dos ejemplos de los difíciles.
    Un saludo.

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    1. Se agradecen las puntualizaciones, Manuel, más que pertinentes, como siempre. Como generalizar siempre es injusto, creo que debo exponer a continuación algunas matizaciones o, mejor dicho, profundizar en algunas cuestiones solamente esbozadas.

      Primero, la denuncia, por supuesto, no se limita a lo que sucede aquí. El baremo es prácticamente idéntico al nacional, así que no hay duda de que baremos chorras hay tantos como botarates y en todas partes.

      Segundo, no soy de los que tienen complejo en decir que el mayor reconocimiento que podemos recibir los profesores es que se nos pague bien. Me temo que hay mucho profesor tan agradecido por haber entrado en la función pública que no se atreve a decir que trabaja por dinero. Como todos. Suelo decir que me gusta enseñar, pero si dejan de pagarme ya pueden buscarse a otro. No sé si esa postura tiene que ver con la manera de ser de cada uno o con el esfuerzo que le ha costado a cada cual convertirse en funcionario, supongo que no es lo mismo haber ganado una oposición seria, rigurosa y preparada a conciencia a base de horas de estudia y renuncias que haber entrado por una de las múltiples puertas traseras que ofrece la administración y que no vienen ahora al caso. Aclarado esto, no me parece mal, a pesar de que como ya he dicho la fórmula está viciada, que se establezca un baremo de méritos (pero de MÉRITOS) que ordene la lista de funcionarios que quieran desplazarse. Me parecería razonable que, más que la antigüedad acumulada en el puesto, se tuviera en cuenta qué méritos ha hecho cada uno una vez conseguido el acceso a la función pública porque sería una manera de evitar el recurso de colocar al amiguete en un cargo de la administración para que haga más puntos que nadie.

      Sigo ahora...

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    2. Tercero, la casuística. Tienes toda la razón. No obstante, en mi “defensa” te diré que, pese a la que está cayendo, defiendo, como bien sabes, la labor sindical (no la de las mariscadas, obviamente, sino la de quienes pretendemos convencer a unos y otros de que el emperador va desnudo). Tampoco tengo espíritu anti-administración, como no soy de los que piden acabar con los políticos. La política, como el sindicalismo, es necesaria. El problema es la corrupción a todos los niveles, el estado de putrefacción en el que nos encontramos. Al grano: creo que la clave está en la prolongación excesiva de algunas situaciones y en la arbitrariedad y falta de transparencia de otras. Quien desempeña tareas sindicales y tiene una plaza sin ocupar tiene, en mi opinión, derecho a no perderla, SALVO QUE se perpetúe años y años en esa situación, en cuyo caso entiendo justa la liberación, desbloqueo o como queramos llamarlo, de esa plaza que ocupa (o que no ocupa). Quienes se marchan uno o dos años al extranjero, lógicamente, lo mismo. Ahora bien, si pretenden estar diez, quizás deberían perder la reserva de su plaza (no son caso idénticos, no es lo mismo, creo, una liberación sindical, que el ejercicio de la docencia en el extranjero). En cuanto a la administración, que sería el segundo caso (transparencia y arbitrariedad), a mí me puede parecer sensato e incluso positivo que un Departamento de Educación requiera a un docente para el desarrollo de una labor concreta dentro de la administración. Quién mejor que alguien que conoce de primera mano la realidad del aula para ser asesor, responsable de formación o cualquier otra actividad parecida. Ahora bien, lo que no es aceptable es que, en vez de partir de la necesidad del desempeño de una labor concreta, después de lo cual debería establecerse un sistema para la selección de la persona idónea con unas funciones claras y justificadamente necesarias amén de, claro está, la condición sine qua non de luz y taquígrafos, se haga todo lo contrario: adaptar al amiguete al puesto que sea. Todos conocemos casos de gente que llega a la administración sin tener idea de lo que va a hacer. ¿Soy injusto? Sí, porque también conozco a algunos (pocos) que van para desarrollar una actividad que consideran interesante y enriquecedora, profesores capaces y trabajadores que creen que pueden colaborar en la mejora del sistema. Pero ya digo que son los menos. Luego está, otra vez, la cuestión temporal y la de la ocupación virtual de una plaza que se bloquea para todos los demás y que impide la movilidad de quienes han preferido trabajar por la enseñanza desde el aula (y quede claro que esta no me parece la única manera de trabajar por la enseñanza, pero tampoco que deban concederse privilegios a quienes lo hacen desde un cargo administrativo).

      No sé si me explicado o todo lo contrario. Gracias en cualquier caso por tus comentarios.

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  3. Apoyo la moción:

    Otro ejemplo : Comunidad de Madrid, profesores de la especialidad de fp cocina y pastelería (201). 35 aproximadamente en expectativa de destino algunos desde el 2004, 30 de ellos en comisión de servicio, dóciles a los directores que les han puesto la correa, algunos no la notan.......... todavía.

    Es triste trabajar en este ambiente de mediocridad en el que los directores tienen una falta de liderazgo que solo apesebrando voluntades consiguen organizar las comidas y cenas de la administración educativa (Inspectores, dat, etc)

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  4. En efecto, esa parece ser la idea de liderazgo que se tiene. Es el sistema de castas de la política aplicado a la educación. Triste pero real. Gracias por el comentario.

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